2/3/2019 ADTA

ADTA ha presentado en el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán una propuesta urbanística razonada sobre el Sector PP-4, dentro del cual se encuentra el Dolmen Montelirio, en una parcela de unos 16.000 m² con la calificación de zona verde.

La propuesta sugiere tramitar una modificación del planeamiento para desclasificar una parte del sector, la denominada Zona A de 80.650 m², restituyendo la clasificación de suelo no urbanizable y la calificación de Especial Protección por motivos arqueológicos, paisajísticos y geomorfológicos (se trata de suelos sumamente inestables) que tenía antes de que en 2002 se aprobase una modificación puntual de las normas subsidiarias para crear el sector PP-4. Los argumentos son dos.

Por una parte la declaración de la Zona Arqueológica de Valencina-Castilleja de Guzmán efectuada en 2010 por la Junta de Andalucía, obliga a ampliar la zona de protección del dolmen al doble de la superficie prevista sumando en total unos 30.000 m², para lo cual otorgaba 2 años para modificar el planeamiento.

Por otra parte, la clasificación de esos suelo se hizo infringiendo la ley, puesto que se trataba de suelos sometidos a Especial Protección arqueológica, paisajística y por motivos geomorfológicos. De hecho en la tramitación tuvieron que excluir otros 10.000 m² de edificación alguna por ser los suelos más inestables comprendidos entre las cotas 90 y 110 metros sobre el nivel del mar, que se calificaron como zona verde.

Actualmente, transcurridos todos los plazos que los promotores tenían para edificar, el Ayuntamiento tiene la oportunidad de modificar el planeamiento para adaptarlo a un nuevo paradigma de sostenibilidad y mayor calidad de vida de los habitantes de Castilleja de Guzmán, para que la ciencia arqueológica pueda continuar desarrollando su labor y podamos disfrutar de ese conocimiento, para una mayor calidad paisajística y para evitar riesgos innecesarios.

Es posible en suma, restablecer el equilibrio entre GUZMÁN Y MONTELIRIO .

Detalle del plano de delimitación de la Zona Arqueológica en la zona del Plan Parcial PP-4 Montelirio

Resumen de la propuesta de ADTADescarga… (pdf, 04 Mb)

Imagen de la entrega de la propuesta el 11-02-2019

Europa Press

1 de marzo de 2019

El alcalde de Guzmán apoya «recuperar» la protección de los terrenos aledaños al dolmen de Montelirio

Propondrá un «posicionamiento» del pleno al respecto después de que ADTA solicitase formalmente restituir la antigua clasificación

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CASTILLEJA DE GUZMÁN (SEVILLA), 1 Mar. (EUROPA PRESS) –

El alcalde de Castilleja de Guzmán (Sevilla), Tasio Oliver (IU), ha manifestado este viernes que ve «con muy buenos ojos» la petición de la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), para la restitución de la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección en los terrenos aledaños al dolmen de Montelirio, extremo que pretende elevar al pleno a la búsqueda de un «posicionamiento» favorable de la Corporación local.

Hablamos del plan parcial número cuatro de Castilleja de Guzmán, marcado por el dolmen de Montelirio, un monumento megalítico legado de la cultura que, allá por la Edad del Cobre, poblaba con mayor o menor asiduidad el entorno de la comarca del Aljarafe comprendido entre dicho municipio y Valencina de la Concepción.

No en vano, un estudio publicado en la revista científica Journal of World Prehistory y recogido por Europa Press exponía que con una extensión de unas 450 hectáreas, el asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán «es de lejos el mayor asentamiento de la Edad del Cobre» en toda la Península Ibérica y «posiblemente uno de los mayores de Europa occidental en la Prehistoria tardía».

Respecto a dichos suelos del plan parcial número cuatro de Castilleja, la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe recordaba recientemente que las normas urbanísticas subsidiarias de 1990 clasificaban estos terrenos como suelo no urbanizable de especial protección por aspectos arqueológicos y paisajísticos.

La asociación señalaba a continuación la modificación puntual del planeamiento urbano acometida en 2002, porque la misma supuso una «reducción» del ámbito protegido para introducir usos residenciales y terciarios en la zona. Y es que según un escrito entregado por ADTA en el Ayuntamiento de Castilleja y recogido por Europa Press, «el transcurso del tiempo no ha hecho más que confirmar que la eliminación de la especial protección de esos suelos fue un inmenso error y una ilegalidad».

LA SENTENCIA DE FOEDISA

Concretamente, señala el colectivo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS) que desestimaron la reclamación de responsabilidad patrimonial promovida por la empresa Fomento de la Edificación S.A. (Foedisa) contra el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, por las restricciones urbanísticas que truncaron el proyecto impulsado en la década pasada para construir una residencia de personas mayores en la parcela M3 del plan parcial número cuatro.

Las acciones judiciales de Foedisa, según la sentencia del TSJA, no prosperaron porque aunque la parcela M3 del plan parcial número cuatro había sido recalificada como suelo «dotacional privado asistencial», «las limitaciones o la imposibilidad de construir, surgidas por las apariciones arqueológicas, no eran algo novedoso o absolutamente inesperado, sino que la actora conocía desde el principio la probable existencia de restos arqueológicos y las cautelas impuestas por el planeamiento urbanístico».

A tal efecto, ADTA invoca estos pronunciamientos judiciales respecto a la parcela M3 del plan parcial número cuatro y avisa de que el decreto autonómico de 2010 que declara como Zona Arqueológica 779 hectáreas de Valencina y Castilleja de Guzmán, con las consiguientes restricciones, abarca no sólo a los suelos del dolmen de Montelirio y la mencionada parcela M3, sino además a la parcela M1 destinada a usos terciarios, la parcela M4 dedicada a usos residenciales y «la mitad» de la M5, también asignada a usos residenciales.

HAY QUE ACTUAR

En consecuencia, razona ADTA que es necesario «excluir» tales parcelas del «desarrollo» urbanístico previsto y desclasificar una parte del sector, la denominada zona A, de 80.650 metros cuadrados, restituyendo la clasificación de suelo no urbanizable y la calificación de especial protección por motivos arqueológicos, paisajísticos y geomorfológicos que tenía la zona antes de la modificación urbanística de 2002.

Frente a ello, el alcalde de Castilleja de Guzmán ha manifestado a Europa Press su «voluntad política» de «recuperar» la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección para los terrenos señalados por ADTA, si bien ha precisado que para ello es necesario contar con informes jurídicos que «corroboren» la viabilidad de la operación y cerciorarse de que la misma no implica la «ruptura» de algún convenio con los promotores urbanísticos de tales terrenos que implique un perjuicio económico para el Ayuntamiento.

Por eso, y dado que el actual mandato municipal se aproxima ya a su fin, Tasio Oliver ha manifestado que propondrá al pleno un «posicionamiento» para que la Corporación local se comprometa con esta operación. «Lo veo con muy buenos ojos. Políticamente, suscribo la necesidad de recuperar esa clasificación y vamos a estudiar la propuesta al detalle», ha asegurado.

Europa Press

12 de febrero de 2019

ADTA pide restituir la protección de los suelos aledaños al dolmen de Montelirio por su potencial arqueológico

Avisa de que el desarrollo urbanístico conveniado en 2001 y aprobado en 2002 «es de imposible cumplimiento»

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SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) ha elevado al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), gobernado por Tasio Oliver (IU), un escrito en el que reclama restituir la clasificación de suelo no urbanizable y la calificación de especial protección para los terrenos aledaños al dolmen de Montelirio, bajo la premisa de que este entorno «desprotegido» en 2002 «ha revelado su potencial arqueológico» y el desarrollo urbanístico planeado entonces «es de imposible cumplimiento».

Hablamos del plan parcial número cuatro de Castilleja de Guzmán, marcado por el dolmen de Montelirio, un monumento megalítico legado de la cultura que, allá por la Edad del Cobre, poblaba con mayor o menor asiduidad el entorno de la comarca del Aljarafe comprendido entre dicho municipio y Valencina de la Concepción.

No en vano, un estudio publicado en la revista científica Journal of World Prehistory y recogido por Europa Press exponía que con una extensión de unas 450 hectáreas, el asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán «es de lejos el mayor asentamiento de la Edad del Cobre» en toda la Península Ibérica y «posiblemente uno de los mayores de Europa occidental en la Prehistoria tardía».

Sobre dichos suelos del plan parcial número cuatro de Castilleja de Guzmán, además, cabe recordar que un estudio geofísico detectaba hasta «211 estructuras o depósitos» arqueológicos en su subsuelo, de los cuales 134 corresponderían a registros «prehistóricos, la mayoría de la Edad del Cobre», 24 a la época romana, 44 al periodo posterior a la dominación romana y cinco cuya cronología resultaba «indeterminada».

Con relación a ello, primero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y después el Tribunal Supremo (TS) desestimaron la reclamación de responsabilidad patrimonial promovida por la empresa Fomento de la Edificación S.A. (Foedisa) contra el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y la Junta de Andalucía, por las restricciones urbanísticas que truncaron el proyecto impulsado en la década pasada para construir una residencia de personas mayores en la parcela M3 del plan parcial número cuatro.

LA JUSTICIA SE PRONUNCIA

Las acciones judiciales de Foedisa, según la sentencia del TSJA recogida por Europa Press, no prosperaron porque aunque la parcela M3 del plan parcial número cuatro estaba calificada como suelo «dotacional privado asistencial», «las limitaciones o la imposibilidad de construir, surgidas como consecuencia de las apariciones arqueológicas, no eran algo novedoso o absolutamente inesperado, sino que la actora conocía desde el principio la probable existencia de restos arqueológicos en su parcela y las cautelas impuestas por el planeamiento urbanístico, así como la necesidad de conservación de los restos que pudiesen aparecer».

Ahora, la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe ha propuesto al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán una modificación del actual planeamiento urbano, para desclasificar una parte del sector, la denominada zona A, de 80.650 metros cuadrados, restituyendo la clasificación de suelo no urbanizable y la calificación de especial protección por motivos arqueológicos, paisajísticos y geomorfológicos que tenía antes de que en 2002 se aprobase una modificación puntual de las normas subsidiarias, precisamente para crear el plan parcial número cuatro, extremo que a juicio de ADTA se hizo «infringiendo la Ley».

En ese sentido, ADTA recuerda que las normas urbanísticas subsidiarias de 1990 clasificaron como suelo no urbanizable de especial protección el entorno correspondiente al actual plan parcial número cuatro, por aspectos arqueológicos y paisajísticos, toda vez que la modificación puntual de 2002 supuso una «reducción» del ámbito protegido, mediante una fundamentación «insuficiente y deficiente», extremo que «el transcurso del tiempo no ha hecho más que confirmar, ya que se ha demostrado que la eliminación de la especial protección de esos suelos fue, en el mejor de los casos, un inmenso error, además de una ilegalidad».

LAS PARCELAS AFECTADAS

A tal efecto, ADTA invoca los pronunciamientos judiciales ya descritos respecto a la parcela M3 del plan parcial número cuatro y avisa de que el decreto autonómico de 2010 que declara como Zona Arqueológica 779 hectáreas de Valencina y Castilleja de Guzmán, con las consiguientes restricciones, abarca no sólo a los suelos del dolmen de Montelirio y la mencionada parcela M3, sino además a la parcela M1 destinada a usos terciarios, la parcela M4 dedicada a usos residenciales y «la mitad» de la M5, también asignada a usos residenciales.

En consecuencia, razona ADTA que es necesario «excluir» tales parcelas del «desarrollo» urbanístico previsto, recordando que tras la publicación de aquel decreto en marzo de 2010, era «obligatorio modificar el planeamiento adaptándolo a sus determinaciones en el plazo máximo de dos años». La organización, en ese sentido, constata que «no se ha promovido la modificación del planeamiento a la que estaban obligados los propietarios», toda vez que el convenio urbanístico de 2001 del que nace el desarrollo proyectado para estos suelos «es de imposible cumplimiento en los términos redactados», sobre todo porque «la zona arqueológica desprotegida ha revelado su potencial arqueológico».

«En conclusión, toda la normativa tanto urbanística como la relativa al régimen de la propiedad del suelo establece la obligación de clasificar como no urbanizable y de especial protección los suelos que las Normas Subsidiarias de Castilleja de Guzmán de 1990 clasificó y calificó como tales», concluye ADTA respecto a los terrenos de plan especial número cuatro.

Vistas de PP-4 al principio de las obras de sur-oeste-norte