El centro de visitantes propuesto por el ayuntamiento de Valencina no se va ejecutar

14 de julio de 2021: La comisión provincial de patrimonio histórico ha informado desfavorablemente el proyecto.

Hace tres meses que cinco asociaciones y un particular presentamos alegaciones en el Ayuntamiento de Valencina.

Hoy la comisión de patrimonio histórico se hace eco de algunos de los motivos por los que alegábamos en contra: La ausencia de adecuada documentación arqueológica y la insuficiente definición de la edificación futura.

Nos satisface haber contribuido desde el movimiento asociativo a parar un desaguisado más.

 

La noticia en Europa Press

La noticia en 20 Minutos

Detalle del acta en cuestión

 

Ver el día en que presentamos las alegaciones

Apoyo al documento de: ALEGACIONES A LOS PLANES  DE  EMERGENCIA CLIMÁTICA Y  DE SEQUÍA DE EMASESA, Y AL PROYECTO “ANILLO VERDE “ DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
La Junta obligada por las sentencias del TSJA a denegar la aprobación de más de 300 planes que tendrán que reiniciarse
BLINDAR EL SUELO RÚSTICO ANDALUZ CONTRA LA ESPECULACIÓN

Ecologistas en Acción,  ha presentado sus alegaciones al  Anteproyecto de Ley de Impulso a la SostenibilidadTerritorial de Andalucía (LISTA) que pese a la declaración de intenciones respecto a la “sostenibilidad”, pretende pivotar la recuperación económica de Andalucía en el ladrillo

EEA 3 de julio de 2020

El fomento indiscriminado de la construcción no supone una mejora en la economía productiva, la que de verdad  crea riqueza y empleo estable; muy al contrario, favorece la especulación y las burbujas financieras como la que  hemos sufrido en nuestro país. También la corrupción va  ligada,  a la facilidad de revalorizar suelos de forma ficticia mediante recalificaciones que ahora se pretenden “agilizar”.

Ecologistas en Acción entiende que la defensa del territorio debe basarse en restringir a lo estrictamente necesario la nueva ocupación de suelo para su urbanización. Hay que tener en cuenta que en Andalucía, existen unas 620.000 viviendas secundarias y 637.000 vacías. Por ello, la nueva legislación no debe perseguir ocupar más suelos para la construcción, sino promover una política urbanística centrada en la rehabilitación y reutilización del patrimonio existente; de esa forma sí que se estaría contribuyendo a la sostenibilidad, a combatir el cambio climático, a la conservación de la biodiversidad y de nuestro patrimonio histórico y, de paso, a consolidar el modelo compacto de ciudad mediterránea, mucho más funcional y con menores costes de dotación de servicios y de gestión.

Esta nueva ley no garantiza ninguno de los dos mandatos constitucionales en relación con el urbanismo y la vivienda: “ Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”. (Art. 47)

 La LISTA está en sintonía con la Ley del Suelo de Aznar de 1998, de infausto recuerdo, que permitía edificar en todo suelo que no estuviera especialmente protegido. Ha pasado mucho tiempo, y la situación social, económica y ambiental ha cambiado, por lo que sería lógico que en una nueva ley andaluza se plasmasen los principios de la “Revolución Verde”, para lograr un futuro sostenible.

La tan cacareada simplificación y agilización pretenden en realidad, facilitar la urbanización del suelo rústico, el denominado hasta ahora suelo no urbanizable. La LISTA instaura el urbanismo a la carta, que abre todas las posibilidades a la especulación y a la corrupción urbanística. La ley asegura que sólo se podrá urbanizar el suelo rústico colindante con el suelo urbano, pero hay tantas excepciones, que las invocaciones al modelo de ciudad compacta mediterránea quedan en una pura falacia. La nueva ley permitirá que siga la expansión descontrolada del urbanismo por todo el territorio andaluz.

Ecologistas en Acción ha propuesto que en el suelo no urbanizable , es decir en el  campo,  sólo se deben permitir actividades ligadas a los usos productivos agrícola, ganadero y forestal, y usos complementarios como turismo rural o industrias de primera transformación ligadas a la propia explotación . Lo demás, debe estar prohibido. Por eso, solicitamos la eliminación de las actuaciones declaradas de interés público y social por los ayuntamientos, que incluye instalaciones industriales, turísticas, terciarias y lo que sería más demoledor, “edificaciones destinadas a uso residencial”. Se anularía de esta manera,  la prohibición de uso residencial en los suelos no urbanizables existente en la actual Ley (LOUA ), salvo las viviendas unifamiliares ligadas a las explotaciones agropecuarias. La ley tiene que cerrar las puertas, a la generalización de las segundas residencias en el campo. También proponemos la eliminación de las actuaciones de “Interés autonómico” promovidas por empresas privadas, que permitiría la implantación, al margen de lo que determine el planeamiento territorial y urbanístico, de todo tipo de proyectos en el suelo rústico.

 En las alegaciones solicitamos la eliminación de los artículos que permitirían seguir desarrollando un PGOU anulado por los tribunales. La Junta de Andalucía, en vez de garantizar la sujeción a la legislación de los planes urbanísticos, pretende blindarlos cuando se aprueban infringiendo normas legales.

Para evitar la especulación urbanística hemos realizado varias propuestas. Cualquier crecimiento urbanístico  debe estar debidamente justificado en función del análisis de parámetros objetivos de crecimiento y demanda real, y ser colindantes al suelo urbano existente. En ningún caso se permitirá urbanizar nuevos suelos destinados a usos residenciales si no hay crecimiento de población que lo justifique o demanda de vivienda protegida. La ley debe obligar a los ayuntamientos a reclasificarse como suelo rústico los millones de metros cuadrados de suelo clasificado como urbanizable durante la burbuja inmobiliaria y que no haya sido desarrollado En municipios litorales, se clasificará una franja de 500 metros de anchura desde la línea del DPMT como suelo rústico de especial protección. Otra medida imprescindible para evitar la especulación urbanística es acabar con la vigencia indefinida de la clasificación de suelos urbanizables, desclasificándolos de forma automática una vez superados los plazos de la programación del planeamiento urbanístico.  

Ecologistas en Acción valora positivamente una de las medidas incluida en la ley, y es la asunción por parte de la Junta de la disciplina urbanística en suelos rústicos protegidos. Pero para que esa función de control sea eficaz, es necesaria la creación de una entidad administrativa  autonómica para el ejercicio de la disciplina urbanística , como se ha creado en otras comunidades autónomas. Y es imprescindible que la ley incluya que las infracciones urbanísticas en suelo rústico sean imprescriptibles. Sólo así se podrá resolver, o al menos minimizar, uno de los grandes problemas territorial-urbanístico de Andalucía, la caótica utilización del suelo rústico, con más de 327.000 viviendas ilegales.

 

 

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Dos nuevos Decretos Ley desregulan aún más el urbanismo en el suelo rústico

2 de julio de 2020 ADTA

Parece que el gobierno de la Junta está aplicando la estrategia del schok para desplegar su política desregulatoria en el urbanismo, una política de más ladrillo, más especulación y más corrupción, la vuelta de la cultura del pelotazo.

Al Decreto 2/2020, el famoso DECRETAZO (ver aquí), le han seguido otros dos.

En el Decreto 12/2020 , de 11 de mayo  ((BOJA de 11/05) por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) , en la Disposición final segunda, le dan otra vuelta de tuerca a la LOUA en relación con las infraestructuras, instalaciones y equipamientos de telecomunicaciones , que no necesitarán una Actuación de Utilidad Pública o Interés social prevista en el artículo 42 (hasta aquí es lo mismo que hicieron en el Decreto 2/2020 con las infraestructures de aguas y minas y canteras) , y además se podrán instalar en el Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido “siempre que ello no esté expresamente prohibido por la legislación aplicable por razón de la materia“.

En el  Decreto-ley 15/2020 , de 9 de junio (BOJA de 09/06), por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en la Disposición final primera, cambia radicalmente el régimen del suelo no urbanizable mediante un sutíl cambio de la expresión  “estando expresamente permitidas” por la expresión “no estando prohibidas” (ver comparativa de las dos regulaciones anterior-actual). Esto significa que en el Suelo No Urbanizable se permite TODO lo que no esté expresamente prohibido.

Todo esto se añade a la tramitación urgente de la nueva ley urbanística, la LISTA, que como hemos ya comentado consolida los cambios de los decretos anteriores y va mucho más allá desregulando el urbanismo, todo ello en beneficio de unos pocos y en detrimento de todos los demás (ver aquí y aquí).

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Ecologistas en Acción muestra su alarma por el contenido de la «LISTA» presentada por la Junta

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La eufemísticamente denominada LEY DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (LISTA) Una ley diseñada para desregular un sector que provocó la gran crisis de 2008, y para favorecer los intereses especulativos

21 de mayo de 2020. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Ecologistas en Acción muestra públicamente su alarma por el contenido de esta Ley que acaba de presentar la Junta de Andalucía.

La Ley incluye en su exposición de motivo unos objetivos loables: mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ciudades inclusivas y resilientes, urbanismo sostenible, regeneración y rehabilitación urbana, mitigación del cambio climático, eficiencia energética… todo lo contrario que lo que dispone su articulado, que apuesta por la desregulación del urbanismo y la apertura obscena y sin paliativos a la urbanización del suelo rústico. Se pretende paliar la crisis del coronavirus favoreciendo de nuevo al virus de la especulación urbanística, con el riesgo de su perversa secuela, la corrupción.

La nueva ley reduce a dos, las clases de suelo: urbano y rústico, eliminando el suelo urbanizable; y no por reducir las expectativas de expansión urbanística, sino por todo lo contrario, pues casi todo el suelo rústico se considera apto para urbanizar.  La tan cacareada simplificación y agilización pretende en realidad facilitar la urbanización del suelo rústico, el denominado hasta ahora suelo no urbanizable.

El suelo rústico común se puede urbanizar presentando una “Actuación de transformación urbanística” que  aprobarían los ayuntamientos. Estas “Actuaciones” las pueden presentar particulares, por lo que las empresas promotoras decidirán el desarrollo urbanístico de las ciudades. Urbanismo a la carta que abre todas las posibilidades a la especulación y a la corrupción urbanística. La ley asegura que sólo se podrá urbanizar el suelo rústico colindante con el suelo urbano, pero hay tantas excepciones, que las invocaciones al modelo de ciudad compacta mediterránea queda en una pura falacia. La nueva ley permitirá que siga la expansión descontrolada del urbanismo por todo el territorio andaluz, con sus secuelas de impactos ambientales, destrucción del territorio y generación de un modelo de ciudad dispersa, imposible de gestionar y de financiar sus servicios públicos.

Sólo el suelo rústico en el que específicamente exista una prohibición expresa, quedaría exento  de urbanizarse. Pero las excepciones son tantas que prácticamente se puede hacer de todo en todo tipo de suelos, estén protegidos o no. Así, se permite las actuaciones declaradas de interés público y social por los ayuntamiento, incluyendo equipamientos e instalaciones industriales, turísticas, terciarias y, lo que sería más demoledor, “podrán autorizarse conjuntamente edificaciones destinadas a uso residencial”, ¡en suelo rústico! El uso residencial está prohibido en la ley actual en los suelos no urbanizables, salvo viviendas unifamiliares ligadas a las explotaciones agropecuarias. Con esta norma se abre las puertas a la generalización de las segundas residencias en el campo. Si a esto se añade, la larga lista de actuaciones de “Interés autonómico” que puede aprobar la Junta de Andalucía, y que son de implantación forzosa al margen de lo que determine el planeamiento territorial y urbanístico, el poder discrecional para aprobar todo tipo de proyectos en el suelo supuestamente rústico es prácticamente total.

La Ley incluye una nueva amnistía para los propietarios de viviendas ilegales, y van cinco. Si el gobierno socialista eliminó la imprescriptibilidad de las parcelaciones ilegales excepto en suelo de especial protección, con esta ley también prescribiría a los 6 años la capacidad sancionadora, lo que, de hecho, blindaría a quienes han urbanizado ilegalmente suelos protegidos, como son los parques naturales o los bienes de interés cultural, cuyas construcciones ilegales no podrán ser demolidas. Muy sintomático es que una norma que se denomina “Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía”, no contenga un Título que se podría denominar “De la prevención del urbanismo ilegal y de la restauración de sus impactos”, pero sí contiene uno que se denomina “Adecuación Ambiental y Territorial de las edificaciones irregulares”.  Toda una declaración de intenciones.

Las ansias privatizadores del actual gobierno de la Junta de Andalucía aflora en la modificación que se realiza sobre el destino de los patrimonios públicos de suelo; si hasta ahora sólo se podían destinar a equipamientos públicos o vivienda protegida, ahora también “se podrán enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas…”

De lo más sorprendente es que, quienes se autodefinen como “constitucionalistas” incluyan una Disposición adicional que determina que cualquier vía pecuaria afectada por un proyecto urbanístico queda automáticamente desafectada, olvidando que son terrenos de dominio público protegidos por la Constitución como imprescriptibles, inalienables e inembargables.

Siguiendo con la política de la Junta de eliminar garantías ambientales, se pretende modificar de nuevo la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, eliminando la obligación de someter a Evaluación Ambiental Estratégica a ciertos planes urbanísticos, lo que podría ser también inconstitucional.

El único aspecto positivo a destacar es que la Junta clarifica sus competencias, en la disciplina urbanística en el suelo rústico, lo que venía siendo demandado insistentemente por Ecologistas en Acción ante la inacción de la mayoría de los ayuntamientos, que han permitido la construcción de cientos de miles de viviendas ilegales.

La Ley no aborda el principal problema territorial de Andalucía, el exceso de suelo urbanizable heredado de la burbuja inmobiliaria, con capacidad para construir más de un millón de viviendas. La desclasificación de suelos urbanizables es posible, sin derecho a indemnización, si la ley incluye, como ya ha hecho Castilla y León, la caducidad de los planes urbanísticos que no se ejecuten en el plazo previsto. Y no sólo no se prevé esta caducidad, sino que se declara expresamente que los planes de ordenación del territorio y los instrumentos de ordenación urbanística tendrán vigencia indefinida, o sea, especulación y derechos adquiridos indefinidos.

Y ante las continuas anulaciones de planes urbanísticos por los Tribunales, la Junta no se plantea garantizar la sujeción a la legalidad del planeamientos urbanístico, sino que pretende blindar el planeamiento de desarrollo, manteniendo su validez incluso si se anula un Plan de Ordenación Urbana por los Tribunales. 

Ecologistas en Acción promoverá un frente social contra este gigantesco despropósito para evitar la aprobación de una ley que pone en almoneda nuestro territorio, nuestros recursos naturales y nuestro futuro.

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Anteproyecto de nueva ley urbanística: más colonialismo y especulación

20 de mayo de 2020.

El gobierno de la Junta va a tramitar por vía de urgencia una nueva Ley del Suelo que complementa las medidas contenidas en el decreto-ley hoy en suspenso por recursos de inconstitucionalidad. Se trata ahora de “agilizar y simplificar” la actividad urbanística.para “atraer inversiones” y “reactivar la economía”. En realidad, se trata de despejar cualquier obstáculo para cualquier proyecto, sin apenas tener en cuenta sus costos sociales y ecológicos y desprotegiendo los bienes comunes andaluces, nuestro patrimonio natural, paisajístico y cultural. Andalucía profundiza así en su situación colonial y en su papel de paraíso para la especulación y el negocio a corto plazo.

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Facilitar el acceso a los espacios libres de Mairena, mensaje al Ayuntamiento

3 de mayo de 2020. ADTA

Las personas deseosas de caminar o hacer actividad física (correr, montar en bici, pasear…) por Mairena se están encontrando con dificultades para disfrutar de algunos de los espacios que siendo patrimonio público se encuentran en malas condiciones o inaccesibles. Y ello cobra especial relevancia en esta “nueva normalidad” en la que la movilidad no motorizada pasa a recuperar la importancia y visibilidad social que nunca debería haber perdido.


En ADTA, desde ayer, estamos recibiendo consultas de personas socias o simpatizantes al respecto. Y nos sentimos interesados y dispuestos a participar en los cambios de comportamiento, tanto de las instituciones como de la ciudadanía, en la movilidad por los espacios públicos.
Por ello apuntamos las tres consultas siguientes:


Parques: La necesidad de moverse por entornos de buena calidad ambiental, lleva a desear entrar a los parques públicos, actualmente cerrados. Nos gustaría conocer la previsión sobre su apertura, con los requisitos y limitaciones de uso previstos; y que se haga difusión pública al respecto.


Descampados: Junto a nuevo bulevar las zonas sin urbanizar, (los “descampados”) se han empezado a usar para pasear y eso que siguen estando ocupados por escombros y basuras de todo tipo.
Consideramos importante adecentar suficientemente y de forma rápida estos espacios, de manera compatible e informada, con las obras de acondicionamiento ambiental anunciadas de inminente comienzo.


Camino del valle: Tras los esfuerzos realizados en estos últimos años el camino sigue estando inaccesible para la ciudadanía.
Hoy, segundo día de inicio del desconfinamiento, la vía alternativa por la finca colindante está siendo obstaculizada en su acceso por el propietario de esa finca.

Opinamos que el Ayuntamiento debería encargarse de desbrozar ya el camino genuino y sugerimos que se realice el mínimo desbroce necesario, ya sea utilizando medios propios o convocando  a la ciudadanía a que colabore en su realización.

En ADTA nos ofrecemos a impulsar la medida.

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20 de mayo de 2020.

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Ecologistas en Acción muestra su alarma por el contenido de la «LISTA» presentada por la Junta

14 de abril de 2020. ADTA

La reciente aprobación del decreto ley 2/2020 por el gobierno andaluz nos reafirma en lo que hace pocos meses publicábamos en un artículo titulado “ ¡Es desregular el urbanismo, idiota!“ ; y nos lleva a pensar en un timo y en una metáfora.

El timo de la estampita consiste en atraer la atención de alguien para que deje de hacer lo que está haciendo; activar su avaricia de ganar mucho con rapidez; y aprovechando la “buena fe del ignorante” hacerle perder tiempo y dinero, que ya no puede destinar a las cosas que de verdad le merecen la pena.

La metáfora de los remaches del avión sirve para explicar la biodiversidad: Un viajero está a punto de subir a un avión cuando ve a un operario quitando algunos remaches. El viajero pregunta y le responden que no importa porque son muchísimos, la mayoría de ellos redundantes y muchos otros meramente preventivos. ¿Se subiría usted al avión? Los remaches son las piezas que componen la biosfera, nave en la que vamos viajando con nuestro planeta del que no nos podemos bajar.

En todos los países las sociedades humanas estamos inmersas en varias crisis. La más visible ahora mismo es la pandemia Covid-19, pero hay otra, más de fondo: una crisis de sostenibilidad (crisis climática, crisis de biodiversidad, …), no para el planeta sino para el mantenimiento de las actividades humanas tal como se están realizando ahora sobre él. En Andalucía estamos siendo seriamente amenazados por esta crisis. Y muchos creemos que nuestros gobernantes deberían orientar sus mejores esfuerzos a impulsar vías de salida hacia la sostenibilidad en sus diferentes aspectos (económico, social, energético, climático, ecológico, cultural…).

Pues bien, el gobierno andaluz, inmerso de lleno en la pandemia, ha aprobado una alteración legislativa de amplio alcance. Hasta 27 piezas de normas vigentes han sido modificadas; simplificando e incluso suprimiendo regulaciones existentes en la legislación andaluza en materias tan diversas como urbanismo, grandes infraestructuras, comercio, turismo, calidad ambiental, medio natural, cambio climático, y otras. Se le está denominando “el decretazo”.

Esta retahíla de medidas se nos justifica como una forma de obtener más ganancias y más rápido de lo que hasta ahora venía haciendo una economía supuestamente lastrada por requisitos y cautelas innecesarios. Pero al analizarlo encontramos contradicciones. El Decreto cita el estudio Doing Business España 2015 para argumentar que Andalucía tiene un exceso de regulación, pero oculta algunas de sus conclusiones más importantes. Una de ellas dice textualmente: “Es más fácil abrir una empresa en Andalucía, obtener permisos de construcción en La Rioja, conectarse a la red eléctrica en Catalunya y registrar propiedades en Ceuta y Melilla”. Y es que Andalucía es uno de los lugares donde más se utiliza la plataforma telemática CIRCE que simplifica la tramitación; y en donde, además, las tasas municipales son más bajas. Otra constatación del informe es que en España no tenemos obstáculos para construir, algo que ya sabemos y sufrimos. Salvo en obtención de permisos de construcción, todas las comunidades autónomas están por debajo de la media de la Unión Europea. Y otra cita no menos interesante del mismo informe: Un emprendedor tiene que pagar entre el 1,2% de la renta per cápita en Andalucía y el 20,1% en Catalunya para iniciar una actividad industrial. No parece pues que el exceso de regulación sea el gran problema de Andalucía.

Por otra parte vemos como en la presentación de motivos se recurre a la fuerza narrativa del miedo y la inseguridad que provocan las confirmaciones de desaceleración económica del mercado, referenciándose tan sólo a las cifras confirmadas en 2019 y a las sombras proyectadas de su evolución según los modelos de estudio de esas entidades (OCDE) que tratan la economía con la lógica del beneficio inmediato en el único escenario que consideran posible: el crecimiento continuado, sin fin y sin límites, en un planeta que sí los tiene y en el seno de las sociedades humanas que, aunque de otra naturaleza, también los tienen.

Muchas de las modificaciones incorporadas por este decreto ley no parecen ir dirigidas a hacer la economía más sostenible (largo plazo) para todos los presentes y para las generaciones siguientes, sino generar beneficios (corto plazo) en el marco de una economía financiarizada, c on niveles de deuda difíciles de asumir, y manejada por poderes fácticos movidos por intereses ajenos a los de las mayorías sociales. Para facilitarles su labor es para lo que se están hurtando garantías de las que la sociedad se ha ido dotando en las últimas décadas.

Se reducen requisitos en la planificación, incluso eliminando la obligación de someter algunas actuaciones a Evaluación Ambiental Estratégica. Se reducen otras exigencias en la gestión de la calidad ambiental (suelos contaminados, vertidos). Se elimina la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios. Se facilita la privatización de patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía…

Las consecuencias de estos cambios van agravadas por el carácter de casi imposible vuelta atrás que conllevan las actuaciones en materias como el territorio, el urbanismo y la ordenación de los sectores primario, secundario y terciario de la economía.

¿A que “no suena” a virar hacia la sostenibilidad?

En ADTA creemos que lo que habitualmente se llama “actividad productiva” es, a veces, actividad destructiva del territorio en que habitamos, porque la mera extracción de bienes no renovables, o la reparación de deterioros previamente realizados no deberían contabilizarse como generación de riqueza. Este es uno de los motivos por los que dimos vida a nuestra asociación hace veinte años, y por los que seguimos trabajando, de forma voluntaria y altruista, en la actualidad.

Todo lo apuntado nos lleva a encontrar semejanzas con el timo de la estampita, ya que este golpe desregulador nos puede hacer perder tiempo y dinero necesarios para afrontar las crisis en que estamos inmersos. Nos refuerza en la experiencia de que reducir regulaciones, suprimir requisitos preventivos y relajar medidas cautelares suele hacer a las sociedades más vulnerables ante contingencias y situaciones críticas. Nos suena mucho a lo que sufrimos durante “los años de la burbuja” que terminó estallando, salpicando con empobrecimiento todo a su alrededor. Nos recuerda una célebre cita de Einstein: “Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Y nos reafirma en lo que decíamos en el citado artículo: “ La sociedad demanda regulaciones cada vez más complejas para mantener vivas las ciudades en asuntos como movilidad, inundabilidad, suministro de agua y saneamiento, calidad ambiental, paisaje, etcétera. La desregulación es un retroceso cuando hablamos de cómo organizamos la ciudad moderna; una orientación contraria a un urbanismo para todos, más sostenible, en ciudades más habitables que surjan de unos debates más transparentes y democráticos”.

Por todo lo apuntado denunciamos que con esta decreto ley no solamente se está hurtando debate parlamentario y participación democrática, sino que además se está perdiendo una oportunidad más para ganar sostenibilidad en Andalucía.

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