Los escándalos urbanísticos son proporcionales al dinero que ha generado el delito contra la ordenación del territorio y, desde luego los más frecuentes, están vinculados a la especulación inmobiliaria que, no es sino la aplicación distorsionada de la libertad de precios en una economía de mercado. Siempre ha existido y no puede desaparecer; sus causas son múltiples y, su ámbito de aplicación es flexible, dinámico.
Entre 1853 y 1870, Haussmann en Paris, la evidenció en la Reforma Interior, pero, la controló a favor del Estado. Cuando en Alemania, a principios del siglo XX, se hizo por primera vez un plano de usos (clasificación), la especulación se dirigió al suelo. En Nueva York, Moses la utilizó como instrumento de modernidad (vías, parcelas y rascacielos). En la Habana, antes de la revolución, sirvió para sustituir chales por bloques en altura (edificabilidad). En España, sostuvo la edificación sin recato y sin norma por todo el territorio nacional, de tal forma que escandalizó al mismísimo Franco quien, molesto, ordenó preparar y luego promulgó la primera Ley del Suelo (1956), imponiendo así el derecho del Estado para ordenar el desarrollo urbanístico y participar en las plusvalías.
Pero, como la especulación seguía como si nada, en 1975 se reformó la Ley, justo, en la década cuando comenzaba la actual revolución industrial y con ello, el neoliberalismo económico y la política des-regularizadora del urbanismo. En Europa adquirieron vigencia con la señora Thatcher. Ella tenía el convencimiento de que las leyes de ordenación urbanística sólo servían para restar libertad al mercado y por lo tanto, distorsionarlo. Años después, esa política la adoptó Aznar. Inmediatamente, su primer vicepresidente, Álvarez Cascos, se encargó de justificar el escandaloso encarecimiento de la vivienda: "si se venden viviendas caras es porque hay demanda y gente con dinero para pagarlas a esos precios. España va bien", dijo. Como el problema seguía aumentando, Rato, vicepresidente de Economía, anunció la reforma de la Ley del Suelo vigente de 1992. Tuvo la finalidad de crear las condiciones para incorporar al mercado toda la extensión de suelo urbano que fuere necesaria para rebajar y estabilizar el precio de la vivienda. Todo "suelo es urbanizable si no está protegido", sentenció en una memorable frase, cual receta mágica. No se ha cumplido y ahora se comienza a comentar la barbaridad que ha supuesto esa decisión. Incluso el Gobierno actual ya ha propuesto reformas a la Ley.
En los países europeos, el Estado no debe ser reducido a su mínima función, no puede convertirse en mero espectador y coordinador de la economía (neoliberal) como sucede en Estados Unidos. En España existen derechos sociales reconocidos que allá son borrosos y discutibles.
Houston es una ciudad que crece con Dios (iglesias para 46 religiones), pero sin Ley (del suelo). Allí, pagando las tasas, se puede construir donde y como se quiera. Sus habitantes han aceptado las claras reglas del juego: someterse al mercado de la especulación inmobiliaria libre. Las empresas mayores concentran sus actividades en las infraestructuras en cuya financiación participa el Estado. La ciudad, conforme se expande, más construcción de infraestructuras necesita. Ese es el negocio de las empresas pero, al mismo tiempo, esa es la desgracia para los demás. Houston es una de las ciudades más insostenibles del planeta: Huella Ecológica de 9,8 hectáreas por persona, población de cuatro millones dispersos en un área similar a la de Bélgica, sin calles, pero con muchas y enormes autopistas porque la movilidad se la hace en coche. Un escandaloso despilfarro energético. Lamentable ejemplo al que inconscientemente (¿?) quieren aproximarse las inmobiliarias, no solamente en Sevilla (Aljarafe, El Garrobo), sino hasta en las aldeas de España como Villanueva de Gómez, Cuevas del Becerro, Casas Viejas o Rubite.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, 2002), fue consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que consagró la competencia de las Autonomías sobre el sistema urbanístico y planificador del territorio. Los cambios positivos vinculados a ella resultan imperceptibles. Los escándalos urbanísticos cada día son más frecuentes, numerosos y de gran magnitud e implican a todos los partidos políticos. El urbanismo no solamente se ha utilizado como instrumento técnico para hacer planes, sino que también se ha manipulado para financiar los presupuestos municipales a través de convenios.
Como el problema cada día es mayor, una vez más se piensa en reformar la ley. Y como se podía anticipar, todos los partidos han decidido incorporar en sus programas de la próxima campaña electoral el compromiso para desarrollar las ciudades con un urbanismo sostenible.
Incluso la Consejería de Obras Públicas ha actualizado su política. El Plan de la Ordenación de la Aglomeración Metropolitana de Sevilla, que se había ordenado terminar en 1995, se ha reemplazado por otro similar, pero distinto. Más vale tarde que nunca. Algo es algo; peor es nada. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente ha condicionado los nuevos desarrollos a la financiación de las infraestructuras y solución de los futuros residuos Mientras tanto, el Parlamento ha impuesto un referente para que la expansión urbana en ocho años "no suponga incrementos de suelo urbanizable superiores al 40 % del suelo urbano existente ni los crecimientos supongan incrementos de población superiores al 30 %".
¿Había que esperar tanto? ¿Las medidas serán suficientes? ¿Cómo, cuándo se producen y por qué persisten los escándalos urbanísticos?
