14 de abril de 2020. ADTA

La reciente aprobación del decreto ley 2/2020 por el gobierno andaluz nos reafirma en lo que hace pocos meses publicábamos en un artículo titulado “ ¡Es desregular el urbanismo, idiota!“ ; y nos lleva a pensar en un timo y en una metáfora.

El timo de la estampita consiste en atraer la atención de alguien para que deje de hacer lo que está haciendo; activar su avaricia de ganar mucho con rapidez; y aprovechando la “buena fe del ignorante” hacerle perder tiempo y dinero, que ya no puede destinar a las cosas que de verdad le merecen la pena.

La metáfora de los remaches del avión sirve para explicar la biodiversidad: Un viajero está a punto de subir a un avión cuando ve a un operario quitando algunos remaches. El viajero pregunta y le responden que no importa porque son muchísimos, la mayoría de ellos redundantes y muchos otros meramente preventivos. ¿Se subiría usted al avión? Los remaches son las piezas que componen la biosfera, nave en la que vamos viajando con nuestro planeta del que no nos podemos bajar.

En todos los países las sociedades humanas estamos inmersas en varias crisis. La más visible ahora mismo es la pandemia Covid-19, pero hay otra, más de fondo: una crisis de sostenibilidad (crisis climática, crisis de biodiversidad, ...), no para el planeta sino para el mantenimiento de las actividades humanas tal como se están realizando ahora sobre él. En Andalucía estamos siendo seriamente amenazados por esta crisis. Y muchos creemos que nuestros gobernantes deberían orientar sus mejores esfuerzos a impulsar vías de salida hacia la sostenibilidad en sus diferentes aspectos (económico, social, energético, climático, ecológico, cultural...).

Pues bien, el gobierno andaluz, inmerso de lleno en la pandemia, ha aprobado una alteración legislativa de amplio alcance. Hasta 27 piezas de normas vigentes han sido modificadas; simplificando e incluso suprimiendo regulaciones existentes en la legislación andaluza en materias tan diversas como urbanismo, grandes infraestructuras, comercio, turismo, calidad ambiental, medio natural, cambio climático, y otras. Se le está denominando “el decretazo”.

Esta retahíla de medidas se nos justifica como una forma de obtener más ganancias y más rápido de lo que hasta ahora venía haciendo una economía supuestamente lastrada por requisitos y cautelas innecesarios. Pero al analizarlo encontramos contradicciones. El Decreto cita el estudio Doing Business España 2015 para argumentar que Andalucía tiene un exceso de regulación, pero oculta algunas de sus conclusiones más importantes. Una de ellas dice textualmente: "Es más fácil abrir una empresa en Andalucía, obtener permisos de construcción en La Rioja, conectarse a la red eléctrica en Catalunya y registrar propiedades en Ceuta y Melilla". Y es que Andalucía es uno de los lugares donde más se utiliza la plataforma telemática CIRCE que simplifica la tramitación; y en donde, además, las tasas municipales son más bajas. Otra constatación del informe es que en España no tenemos obstáculos para construir, algo que ya sabemos y sufrimos. Salvo en obtención de permisos de construcción, todas las comunidades autónomas están por debajo de la media de la Unión Europea. Y otra cita no menos interesante del mismo informe: Un emprendedor tiene que pagar entre el 1,2% de la renta per cápita en Andalucía y el 20,1% en Catalunya para iniciar una actividad industrial. No parece pues que el exceso de regulación sea el gran problema de Andalucía.

Por otra parte vemos como en la presentación de motivos se recurre a la fuerza narrativa del miedo y la inseguridad que provocan las confirmaciones de desaceleración económica del mercado, referenciándose tan sólo a las cifras confirmadas en 2019 y a las sombras proyectadas de su evolución según los modelos de estudio de esas entidades (OCDE) que tratan la economía con la lógica del beneficio inmediato en el único escenario que consideran posible: el crecimiento continuado, sin fin y sin límites, en un planeta que sí los tiene y en el seno de las sociedades humanas que, aunque de otra naturaleza, también los tienen.

Muchas de las modificaciones incorporadas por este decreto ley no parecen ir dirigidas a hacer la economía más sostenible (largo plazo) para todos los presentes y para las generaciones siguientes, sino generar beneficios (corto plazo) en el marco de una economía financiarizada, c on niveles de deuda difíciles de asumir, y manejada por poderes fácticos movidos por intereses ajenos a los de las mayorías sociales. Para facilitarles su labor es para lo que se están hurtando garantías de las que la sociedad se ha ido dotando en las últimas décadas.

Se reducen requisitos en la planificación, incluso eliminando la obligación de someter algunas actuaciones a Evaluación Ambiental Estratégica. Se reducen otras exigencias en la gestión de la calidad ambiental (suelos contaminados, vertidos). Se elimina la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios. Se facilita la privatización de patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía...

Las consecuencias de estos cambios van agravadas por el carácter de casi imposible vuelta atrás que conllevan las actuaciones en materias como el territorio, el urbanismo y la ordenación de los sectores primario, secundario y terciario de la economía.

¿A que “no suena” a virar hacia la sostenibilidad?

En ADTA creemos que lo que habitualmente se llama “actividad productiva” es, a veces, actividad destructiva del territorio en que habitamos, porque la mera extracción de bienes no renovables, o la reparación de deterioros previamente realizados no deberían contabilizarse como generación de riqueza. Este es uno de los motivos por los que dimos vida a nuestra asociación hace veinte años, y por los que seguimos trabajando, de forma voluntaria y altruista, en la actualidad.

Todo lo apuntado nos lleva a encontrar semejanzas con el timo de la estampita, ya que este golpe desregulador nos puede hacer perder tiempo y dinero necesarios para afrontar las crisis en que estamos inmersos. Nos refuerza en la experiencia de que reducir regulaciones, suprimir requisitos preventivos y relajar medidas cautelares suele hacer a las sociedades más vulnerables ante contingencias y situaciones críticas. Nos suena mucho a lo que sufrimos durante “los años de la burbuja” que terminó estallando, salpicando con empobrecimiento todo a su alrededor. Nos recuerda una célebre cita de Einstein: “Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Y nos reafirma en lo que decíamos en el citado artículo: “ La sociedad demanda regulaciones cada vez más complejas para mantener vivas las ciudades en asuntos como movilidad, inundabilidad, suministro de agua y saneamiento, calidad ambiental, paisaje, etcétera. La desregulación es un retroceso cuando hablamos de cómo organizamos la ciudad moderna; una orientación contraria a un urbanismo para todos, más sostenible, en ciudades más habitables que surjan de unos debates más transparentes y democráticos”.

Por todo lo apuntado denunciamos que con esta decreto ley no solamente se está hurtando debate parlamentario y participación democrática, sino que además se está perdiendo una oportunidad más para ganar sostenibilidad en Andalucía.

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El País