ESTHER RODRÍGUEZ - Sevilla - 09/01/2007
0 La Junta de Andalucía pretende "limitar" la potestad municipal para recalificar terrenos agrícolas para evitar que "sean objeto de especulación y presión" urbanística, según dijo ayer el consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña. Con este fin, las consejerías de Agricultura y Obras Publicas diseñarán un plan para que determinados terrenos agrícolas estén "especialmente protegidos". Los ayuntamientos no podrán modificar esta figura de protección y las recalificaciones requerirán el visto bueno del Consejo de Gobierno andaluz. El plan, en cualquier caso, no entrará en vigor en la actual legislatura.
"Es un mecanismo en el que tenemos que avanzar, pero que forma parte de la defensa de zonas que entendemos que no deben modificarse por el simple planeamiento de un ayuntamiento, de la especulación o del avance de una zona de la ciudad", dijo Saldaña. El consejero añadió que "habrá que determinar qué suelos son de prioridad agraria". Como paso previo al plan, Agricultura tendrá que hacer un listado con las zonas agrícolas que merecen una especial protección y enviarlo a la Consejería de Obras Publicas. "Esos suelos habrá que calificarlos y no podrán ser modificados de una forma unilateral", subrayó el consejero.
Cualquier operación urbanística auspiciada por los ayuntamientos deberá acatar la futura clasificación especial y contar con la aprobación final del Consejo de Gobierno de la Junta. Se pretende intensificar el trabajo conjunto de ambas consejerías para "crear las bases" de la reconversión selectiva de suelos agrarios, tal y como se lleva a cabo en el suelo forestal.
Saldaña considera que existe la "necesidad de evitar que un ayuntamiento pueda modificar un suelo agrario de cualquier forma". Recuerda que la actual Ley de Suelo aprobada por la Junta el pasado año, ya establece que los suelos agrarios están en zonas rurales y para su modificación, "ya se exigen una serie de mecanismos". Sin embargo, esto no sería suficiente para garantizar un urbanismo sostenible en algunos municipios andaluces.
Saldaña admitió que no ha evitado circunstancias como convertir terrenos cultivados de caña de azúcar en "objeto" de expansiones urbanísticas, sobre todo en el litoral. El futuro plan pretendería acabar con dichas prácticas.
El dedo acusador de Saldaña también señalaba ayer al papel que estarían jugando algunas comunidades de regantes. Sin nombrar a ninguna de ellas, aseguró que están llevando a cabo una política de obstrucción y de no facilitar la conclusión del proceso de modernización de los regadíos. Esto fue interpretado por el titular de Agricultura como una perdida de "vocación" del papel que dichas comunidades deben realizar, acusándolas de estar mas interesadas en el mundo inmobiliario y "vender y encontrar el ladrillazo por el camino". Con esta formula, las comunidades de regantes estarían apostando por la venta de suelos en vez de promover el desarrollo agrícola, según Saldaña.
En rueda de prensa, Pérez Saldaña destacó que su departamento está trabajando con la Consejería de Obras Públicas para llegar a un acuerdo "de tal naturaleza" que pudiera "limitar" a los ayuntamientos su capacidad de modificar este tipo de terrenos.
Se trataría, según explicó, de "determinar qué suelos son de prioridad agraria", para evitar que puedan ser recalificados "de forma unilateral" por los consistorios.
"Debemos delimitar nuestras zonas agrarias para no consentir, como ha pasado con la caña de azúcar, que sea objeto de la expansión urbanística desarrollista que hemos tenido los últimos años, sobre todo en el litoral", advirtió el consejero.
Por este motivo, detalló que se está promoviendo con la Consejería que dirige Concepción Gutiérrez un "gran acuerdo que permita poner las bases de la no conversión de suelos agrarios, como lo hay en suelos forestales".
Pérez Saldaña, que indicó que la cooperación con Obras Públicas llevará por otra parte a construir viviendas sociales en tierras del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y antiguos silos, defendió que se trata de "evitar una excesiva presión del urbanismo, con una clasificación que impida una recalificación" determinada.
El titular de Agricultura aludió a este trabajo de cooperación entre consejerías al abordar el "gran problema" del agua, donde destacó que, "en una situación de sequía se están haciendo grandes esfuerzos para terminar el proceso de modernización de los regadíos", que, según precisó, "está culminado el 50 por ciento de las 800.000 hectáreas comprometidas". EL "LADRILLAZO"
Sin embargo, lamentó que "hay comunidades de regantes que han perdido su vocación y están pensando más en vender su derecho, en encontrar el 'ladrillazo' por el camino, que convertir su territorio en una zona agrícola".
Además del acuerdo con Obras Públicas, volvió a recordar que "definitivamente" se pondrán en marcha con Medio Ambiente los bancos públicos de agua, al entender que "es fundamental que con el agua no se juegue desde lo privado", de tal manera que puede ser "objeto de transacciones, pero siempre controladas por quien tiene las competencias en la gestión, la Consejería de Medio Ambiente".
Pérez Saldaña apostó por "no expansionar más los regadíos", sino que abogó por promover su "modernización y consolidación", dado que, pese a que esta modalidad genera el 60 por ciento de la renta agraria, "podemos terminar con la gallina de los huevos de oro".
"La solución no está en poner más tierras nuevas de regadío, sino en modernizar y consolidar", recalcó el consejero, que apuntó que, para ello, "se controlará el agua a través de bancos públicos", desde los que la Administración ejercerá el derecho de compra de los derechos de riego de aquellas comunidades de regantes que no quieran participar en procesos de modernización.