La tribuna de Viva Sevilla

La apuesta por liberalizar más el suelo

por Juan Antonio Morales.

17/03/2014 Viva Sevilla

Dijo un eminente jurista que nuestro ordenamiento jurídico deja el urbanismo en manos de los Ayuntamientos para que la iniciativa privada haga lo que desee. Lo ha hecho y a la vista están las consecuencias. En palabras del Defensor del Pueblo Andaluz, en un informe especial de 2009,  “Los poderes públicos no han sabido tutelar con la efectividad deseada los derechos y valores contemplados en los arts. 45 y 47 de la Constitución .... Un mercado inmobiliario sobredimensionado y, al mismo tiempo, injusto... Una impensable e injustificada ocupación del suelo no urbanizable...”.

A pesar de ello, Junta, Ayuntamientos y empresarios siguen aferrados a los mantras que tanto daño han hecho. Uno de esos repetidos mantras es la tardanza de la tramitación de planes urbanísticos, en la que incide la modificación de la Ley Urbanística aprobada en febrero de 2012 (que incluye otras liberalizaciones) y el decreto que ahora se ha aprobado. 

No se menciona la tardanza de los promotores para ejecutar los planes urbanísticos,  incumplimientos que son precisamente la causa del acaparamiento y la especulación y la existencia de una enorme cantidad de suelo edificable sin construir. Si se justificó la necesidad de ese suelo, debe ocuparse y desarrollarse (no sólo la urbanización, sino un porcentaje importante de  las construcciones) en los 8 años para los que deben hacerse los planes. Y si no, debe revertirse a su estado inicial, al menos la parte no desarrollada. Lo contrario, sea por eliminar los plazos o por no exigirlos, es vulnerar los artículos 45 y 47 de la Constitución (irracionalidad en el uso de los recursos y especulación) y el consecuente principio de sostenibilidad de la Ley de Suelo.

Tampoco se menciona el escasísimo tiempo y garantías para fomentar la participación ciudadana en dichos planes.

Agilizar los trámites suena bien. Pero oculta el verdadero objetivo de estas políticas liberales del suelo reduciendo los controles públicos, que es facilitar más suelo urbanizable o más edificabilidad y su acaparamiento, con vista a muy largo plazo. 

En realidad no es cierto que la tardanza en los trámites de los documentos urbanísticos se deba a una injustificada burocracia. La mayor parte de esos retrasos están motivados por deficiencias (con frecuencia graves) en los documentos iniciales,  ausencia de informes preceptivos, ilegalidad de sus contenidos (que suelen provocar conflictos políticos y/o judiciales, a veces muy largos) o en los retrasos del promotor.

La relajación de los controles públicos llevará a agravar aún más el problema denunciado por el Defensor. ¿Alguien duda de lo que va a ocurrir (ya está ocurriendo) si a un funcionario (con sueldo recortado, no digamos si es interino y se añade poca experiencia) se le exige un informe “lo más ligerito posible y sin meterse en complicaciones”, es decir, un informe “express”? .

Argumentan que reactivará la economía, y olvidan la imperiosa necesidad de reactivar la sociedad y el medio ambiente. Y, para colmo, no crearán empleo porque hay exceso de suelo y de viviendas,  no hay salarios, no hay crédito y la construcción estará bajo mínimos durante mucho tiempo. La solución del sector de la construcción no pasa por un acortamiento  de la tramitación urbanística sino por la renovación del sistema productivo.

Para combatir esas políticas liberales, facilitadoras de la especulación y la corrupción, es preciso que la gente exija la defensa de lo público, también en el Urbanismo y la Ordenación del Territorio dando preeminencia a las personas y a nuestras condiciones de vida.