EL GOBIERNO ANDALUZ APRUEBA MEDIDAS PARA AGILIZAR LA OBTENCIÓN DE SUELO CON DESTINO A VIVIENDAS PROTEGIDAS
Un decreto del Consejo de Gobierno permitirá poner a disposición terrenos para iniciar la construcción de 210.000 viviendas sociales
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto de medidas para agilizar la obtención de suelo con destino a viviendas protegidas. La norma permitirá desarrollar las previsiones que para este fin establece el Pacto por la Vivienda en Andalucía, suscrito el pasado 13 de diciembre por la Administración autonómica, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), los sindicatos UGT y CCOO y 31 entidades financieras. El principal objetivo se centra en la construcción de 300.000 viviendas protegidas durante los próximos diez años, de las cuales 210.000 ya han sido licitadas o conveniadas con los ayuntamientos.
El decreto, elaborado con el acuerdo y la colaboración de la FAMP, introduce dos nuevos procedimientos de agilización, uno referido a la revisión del planeamiento urbanístico y el otro a las reservas de terrenos. Asimismo, modula los criterios de crecimientos urbanos máximos fijados en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en relación con los municipios de menos de 10.000 habitantes.
El primero de los procedimientos de agilización a los municipios adaptar parcialmente sus planeamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) independientemente de que se haya iniciado el proceso de revisión general. Estas adaptaciones parciales podrán realizarse en cualquier momento y completarse en un plazo de dos meses.
Los documentos de adaptación parcial deberán incluir disposiciones para garantizar suelo suficiente, con las consiguientes correcciones de edificabilidad y de densidad de viviendas, siempre dentro de los parámetros que marca la LOUA. Asimismo, tendrán que establecer los sistemas generales de parques, jardines, espacios libres, infraestructuras, equipamientos, servicios y redes de tráfico, aparcamientos y transportes públicos. En cambio, se excluyen la clasificación de nuevos suelos como urbanos o urbanizables y la alteración de la regulación del suelo no urbanizable y del modelo de ciudad.
El decreto faculta a los ayuntamientos para formular y aprobar estas adaptaciones parciales, con los requisitos de someterlas a información pública y al pronunciamiento de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.
Reservas de suelo
El segundo de los instrumentos incluidos en la norma consiste en un procedimiento de urgencia para urbanizar reservas de suelo público (tanto urbano como urbanizable) con destino a vivienda protegida. Cuando estas reservas se realicen sobre suelos no urbanizables, se exigirá la revisión la revisión parcial de los planes generales, proceso que podrá completarse en un tiempo no superior a seis meses.
Además de acortar los plazos, el procedimiento también refuerza las medidas para que los terrenos reservados cuenten con los correspondientes equipamientos y dotaciones. En este sentido, la Administración podrá sacar a concurso público su urbanización valorando, entre otros criterios, la calidad del proyecto, la cantidad de viviendas protegidas previstas y los plazos de ejecución, poniendo así en marcha la figura del Agente Urbanizador, prevista en el Pacto.
El decreto aprobado hoy servirá para desarrollar los convenios que la Junta está firmando con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales con el objetivo de contar cuanto antes con suelo urbanizable. Actualmente ya se han conveniado o sacado a concurso terrenos para la construcción de 210.884 viviendas protegidas en toda la comunidad autónoma, lo que supone casi el 70% de las 300.000 que fija como objetivo el Pacto. De ellas, 181.236 se destinan a hogares con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo, con un precio máximo de 90.000 euros y ayudas autonómicas de 3.000 euros por inmueble para los promotores privados.
Finalmente, y también en relación con el Pacto por la Vivienda, el decreto aprobado hoy incluye una disposición adicional con nuevos criterios básicos para la evaluación de los planes generales municipales en relación con las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
De este modo, con el fin de potenciar el desarrollo económico, la nueva norma excluirá los suelos industriales del límite del 40% de crecimiento máximo de territorio urbanizado para cada municipio que fija el POTA para los próximos ocho años.
Asimismo, el criterio del límite de crecimiento máximo de población, fijado en el 30% con carácter general para el mismo periodo, se modulará en aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes cuya población ha crecido por debajo de la media andaluza durante la última década. Para estos casos se fijan los porcentajes del 60% (localidades de menos de 2.000 habitantes), del 50% (entre 2.000 y 5.000) y del 40% (entre 5.000 y 10.000 habitantes).
Revista de Prensa
Sólo seis localidades del área metropolitana pueden superar el límite del POTA
Francisco Veiga
La suavización del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) pasará de largo por la Gran Sevilla: sólo seis de sus 23 municipios menores de 10.000 habitantes cumplen el requisito de haber crecido por debajo de la media regional la última década (10,2%). Por contra, sólo otros seis fuera del área metropolitana crecieron más.
El decreto de la Junta de Andalucía, cuyo contenido adelantó este periódico, fue aprobado ayer y permitirá a los pueblos más pequeños, y que hayan crecido por debajo de la media regional en la década anterior a la aprobación definitiva de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), superar el límite del POTA establecido en un aumento máximo de población del 30% en ocho años. Los beneficiados podrán crecer ahora hasta un máximo del 60%.
Ése es el supuesto para las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, y que en la Gran Sevilla sólo cumple Castilleja del Campo, con sus 631 vecinos y un crecimiento estancado. Los otros cinco municipios que podrán aflojar el corsé del POTA son Carrión de los Céspedes (hasta el 50%) y Alcalá del Río, Aznalcóllar, Isla Mayor y Villamanrique de la Condesa (hasta el 40%).
Los seis tienen en común estar en las esquinas más alejadas del área metropolitana, a más de 30 kilómetros de la capital hispalense (salvo Alcalá del Río que está a 13) y lejos de polos de desarrollo industrial o de servicios. La excepción es Aznalcóllar, antes un pueblo dependiente de la minería y ahora a la espera de que se ponga en marcha el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA), un polígono de industrias en torno a reciclado y las energías renovables para superar la crisis en la comarca tras el cierre de la mina de Boliden por el vertido tóxico.
Pero éstas son las seis excepciones: lo común es que los pueblos de menos de 10.000 habitantes del área metropolitana hayan pegado en estos 10 años un estirón considerable, liderado por Castilleja de Guzmán, que entre 1998 y 2008 incrementó su población un 216,88%, al pasar de 829 a 2.627 vecinos. También se trata de una excepción, pero esta vez indica un boom residencial muy fuerte y no podrá superar los límites del POTA en su urbanismo de cara al futuro.
En segundo lugar en este crecimiento de pueblos pequeños se sitúa Almensilla, con un 88,53% de incremento de población, y algo más lejos Salteras, Palomares del Río y Gelves, con subidas por encima del 60%. Los municipios más lanzados están pues en la bisagra entre la primera y la segunda corona del Aljarafe.
En cambio, hay dos poblaciones de la Gran Sevilla que perdieron población: Carrión de los Céspedes (con -0,44%) e Isla Mayor (-4,85%), el primero en el límite provincial con Huelva y el segunda aislado en la marisma del Guadalquivir. Se perdieron la explosión inmobiliaria que cambió para siempre a sus vecinos. También tuvieron crecimientos muy bajos Castilleja del Campo y Villamanrique de la Condesa, en los límites del área metropolitana y también de la propia provincia de Sevilla.
El baremo que decide en qué porcentaje se puede suavizar el POTA viene marcado por la población: los pueblos menores de 2.000 habitantes podrán crecer un 60%, los que tengan más de 2.000 y menos 5.000 un 50% y los mayores de 5.000 un 40%.
De esta posibilidad de superar el POTA se cae Espartinas, que acaba de superar los 10.000 habitantes, pero que también creció en torno a un 14% sólo en el último año. Ni este pueblo gobernado por el PP ni los otros tres que controla en el área metropolitana entran en las excepciones, ya que el único de menos de 10.000 habitantes, Bollullos de la Mitación, también supera la media regional de crecimiento y los otros dos tienen más vecinos.
De los 23 municipios menores de 10.000 habitantes de la Gran Sevilla, 19 se sitúan en el Aljarafe. Sólo Alcalá del Río, Gerena, Aznalcóllar y Guillena (con 9.995 habitantes, a punto de salir de este club) se sitúan fuera.
http://www.correoandalucia.com/noticia.asp?idnoticia=4424170098098096092424170
Obras Públicas agiliza la obtención de suelo para VPO y flexibiliza el POTA
ABC SEVILLA. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer un decreto de medidas para agilizar la obtención de suelo con destino a viviendas protegidas y que flexibiliza los criterios de crecimientos urbanos máximos fijados en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en relación con los municipios de menos de 10.000 habitantes.
La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, señaló que el decreto, elaborado con el acuerdo de la FAMP, permitirá desarrollar las previsiones que para este fin establece el Pacto por la Vivienda en Andalucía, que tiene como principal objetivo la construcción de 300.000 viviendas protegidas durante los próximos diez años, de las cuales 210.000 ya han sido licitadas o conveniadas con los ayuntamientos.
Sobre el límite de crecimiento máximo de población, fijado en el 30%, se modulará en aquellos municipios de menos de 10. 000 habitantes cuya población ha crecido por debajo de la media andaluza durante la última década. Además, el decreto introduce dos nuevos procedimientos de agilización, uno referido a la revisión del planeamiento urbanístico y otro a las reservas de terrenos.
http://sevilla.abc.es/20080123/andalucia-andalucia
La Junta rebaja el POTA para lograr el pacto de la VPO Se podrán modificar los PGOU para liberar suelo para vivienda protegida
JUAN MÉNDEZ - Sevilla - 23/01/2008
El Gobierno andaluz aprobó ayer un decreto destinado a la obtención de suelo público para la construcción de viviendas de protección oficial en el que se rebajan sustancialmente las limitaciones contenidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El decreto permitirá a todos los ayuntamientos clasificar suelo urbanizable para la realización de VPO en el plazo de dos meses, independientemente de que se haya iniciado el proceso de revisión general del PGOU como establecía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En segundo lugar, permitirá fijar reservas de suelo destinado a VPO sobre cualquier tipo de suelo El segundo de los instrumentos incluidos en la norma consiste en un procedimiento de urgencia para urbanizar reservas de suelo público (tanto urbano como urbanizable) con destino a vivienda protegida. Cuando estas reservas se realicen sobre suelos no urbanizables, se exigirá la revisión la revisión parcial de los planes generales, proceso que podrá completarse en un tiempo no superior a seis meses.
Además, el decreto rebaja los criterios de crecimientos urbanos máximos fijados en el POTA en los municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán crecer hasta el 60% en el caso de menos de 2.000 habitantes; del 50% en los de menos de 5.000 y del 40% en los de menos de 10.000. Además, los suelos industriales no computarán en el límite máximo del 40% de incremento del suelo urbanizable.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Junta/rebaja/POTA
Los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán crecer hasta el 60% La Junta asigna distintos límites de crecimiento en función de la población.
El Gobierno andaluz agiliza la obtención de suelo tras acordar la construcción de 210.000 VPO con los consistorios.
Elena Martos
SEVILLA- La Junta quiere llegar a las elecciones con la propuesta de vivienda bien atada. Para ello el Consejo de Gobierno determinó ayer la flexibilización definitiva de los criterios de crecimiento del POTA que aplicará a municipios de menos de 10.000 habitantes. El objetivo es agilizar la obtención de suelo para construir vivienda protegida, un asunto que el propio presidente andaluz, Manuel Chaves, negoció con la Federación de Municipios y Provincias (FAMP) y con los agentes de la Concertación Social.
Como ya avanzó el Ejecutivo regional, la flexibilización del plan territorial ha ido por la vía del decreto, en el que se contempla modular el crecimiento máximo del 30 por ciento de la población que marca el POTA en municipios de menos de 10.000 habitantes. De esta forma, las localidades con menos de 2.000 personas podrán aumentar su censo un 60 por ciento; las que se encuentren entre los 2.000 y los 5.000 podrán crecer hasta el 50 por ciento y las de entre 5.000 y 10.000, lo harán hasta el 40 por ciento.
Crecimiento territorial
En cuanto al límite de ampliación del territorio urbanizado, fijado por el POTA en un 40 por ciento para los próximos ocho años, se mantiene inamovible, no obstante, se prevé que los suelos industriales no computen, «en respuesta a la postura de fomento de la industria que mantiene la Junta», explicó la consejera del ramo, Concepción Gutiérrez, que asistió ayer a su última reunión del Consejo de Gobierno.
Ésta ha sido la solución final para alcanzar el objetivo que marca el Pacto por la Vivienda de construir 700.000 viviendas en los próximos diez años, 300.000 de ellas de carácter protegido. A este respecto, la consejera avanzó que ya se ha acordado la construcción de 210.000 VPO, de las que casi 26.000 se han cerrado a través de convenios con ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en torno a las 96.000 con las ocho diputaciones provinciales con el fin de activar la vivienda protegida en pueblos pequeños.
Para la adaptación de los planes territoriales a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se pueden seguir dos rutas: una revisión global del planeamiento -mucho más compleja- o la adaptación parcial del suelo, que podrá realizarse en cualquier momento y en un plazo máximo de dos meses. En este último caso, los documentos deberán incluir disposiciones para garantizar terreno suficiente, con las consiguientes correcciones de edificabilidad y de densidad de viviendas, dentro de los parámetros que marca la Ley.
El segundo instrumento incluido en la orden que ha redactado la Junta es un procedimiento de urgencia para urbanizar reservas de suelo público, tanto urbano como urbanizable, con destino a vivienda protegida. En el caso de que el terreno no sea urbanizable, se exigirá la revisión parcial de los planes de ordenación del territorio, con un plazo de seis meses.
Contrarios al decreto
La consejera insistió en que este decreto servirá de instrumento a los ayuntamientos para «dar respuesta a la demanda de vivienda a precio asequible», un compromiso con el que la mayoría de los alcaldes concurrieron a las elecciones municipales del 27 de mayo.
Pero el documento legal no ha gustado a todos. Precisamente, la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios, Fadeco, aseguró que mantendrá los recursos contra ciertos aspectos del POTA, a pesar de las flexibilizaciones que se han llevado a cabo y consideró «notablemente insuficiente» el borrador del decreto de agilización urbanística, según informa Europa Press. Sin embargo, otros colectivos del sector, como la Asociación de Empresas de Turismo,Promotur, han preferido ser más cautos y esperar a los ajustes del plan general para decidir si retiran los recursos que aún mantienen.
http://www.larazon.es/14959/noticia/Autonomías/
El Pacto por la Vivienda logra en un mes cerrar acuerdos para hacer 210.000 VPO C. S. / Sevilla | Actualizado 23.01.2008 - 05:04
La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, se despidió ayer de la política andaluza con un nuevo avance del que ha sido uno de sus proyectos estrella: el Pacto Andaluz por la Vivienda. El colofón a su gestión fue la aprobación por el Consejo de Gobierno del decreto por el que se materializarán los convenios entre Junta, ayuntamientos y diputaciones y por los que se dispondrá suelo urbanizable para la construcción de las 300.000 viviendas protegidas fijadas en este documento marco. De éstas, un 70 por ciento, 210.000, ya están convenidas sólo un mes después de la firma del Pacto.
El decreto, además, comprende dos mecanismos para agilizar el proceso para la liberación de suelo para VPO: una adaptación parcial y en paralelo en el caso de los municipios que estén en proceso de revisión de sus planes generales de ordenación y un procedimiento de urgencia para urbanizar reservas de suelo público.
En el capítulo urbanístico, el Consejo también concretó la anunciada flexibilización para la adaptación de los planeamientos al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA): se excluyen los suelos industriales de la limitación del 40 por ciento de crecimiento del suelo y se anula el tope máximo del 30 por ciento del crecimiento de población en los municipios de menos de 10.000 habitantes cuya población haya crecido por debajo de la media andaluza del último decenio. Este criterio se aplicará por tramos, de manera que la acotación será del 60 por ciento para localidades de menos de 2.000 habitantes, del 50 por ciento para las de entre 2.000 y 5.000, y del 40 en las de entre 5.000 y 10.000 habitantes.
En cuanto a la deuda histórica, el portavoz del Ejecutivo, Enrique Cervera, quiso rebajar el nivel de 'preocupación' mostrado por PP, IU y Coalición Andalucista ante la 'comunicación normal' habida entre Junta y Gobierno central sobre su cuantificación, y anunció que ésta no se fijará sin una negociación previa con ellos, algo que no se producirá hasta después del 9-M. 'Si están preocupados, que se relajen', apostilló, y acto seguido recordó que han 'incumplido' su deber al no haber informado aún de la cifra que estiman necesaria, lo que achacó a su interés por la 'confrontación' en este periodo preelectoral.
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/36746/pacto/por/la/vivienda/
Alcalá del Río espera desarrollar la circunvalación por la revisión del POTA a municipios pequeños El Ayuntamiento de la localidad estima que podrá la flexibilización por parte de la Junta le permitirá un crecimiento urbanístico suficiente para acometer la ronda.
Efe | Actualizado 23.01.2008 - 14:07
El Ayuntamiento de Alcalá del Río estima que el decreto por el que la Junta de Andalucía flexibiliza el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) para municipios de menos de 10.000 habitantes, le permitirá desarrollar los suelos lindantes con la futura ronda de circunvalación del municipio.
El edil de Urbanismo en el Consistorio, Manuel García (IU) ha señalado a Efe que el Consistorio ha acogido 'con agrado' el anuncio oficial de la Consejería de Obras Públicas que posibilitará a los municipios de menos de 10.000 habitantes crecer por encima del 30% del suelo actual consolidado y del 40% por ciento de la población, limitaciones contempladas en el POTA.
En el caso de Alcalá del Río, una población situada a 13 kilómetros de la capital, la Junta permitirá un crecimiento de los suelos del 40 por ciento, lo que, a su vez, da luz verde al Ayuntamiento para desarrollar las parcelas colindantes a la futura ronda de circunvalación del municipio, así como la ejecución de esta carretera que sustituirá a la travesía de la A-8056 (Sevilla-Villaverde del Río).
El concejal de Urbanismo ha explicado que el decreto posibilitará la inclusión de los suelos integrados en un 'primer anillo de desarrollo' previsto en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se encuentra aprobado inicialmente por el pleno y está a la espera del refrendo provisional por el Consistorio.
'El decreto de la Junta nos da más margen para crecer', ha añadido García tras valorar la posibilidad de que el municipio pueda desarrollar el 40 por ciento del suelo consolidado actualmente, un 10 por ciento más de lo estipulado inicialmente en el POTA con carácter general.
http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/36954/alcala/rio/
Sólo siete municipios tienen ya sus PGOU al día en la Gran Sevilla O. G. / A. Á. Y.
La adaptación del área metropolitana a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) avanza muy lenta y actualmente sólo siete de los 46 municipios que integran la aglomeración urbana tienen sus PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) al día. Otros cuatro sólo esperan el visto bueno de la Consejería de Obras Públicas.
Los datos ofrecidos por Obras Públicas reflejan que el proceso va mucho más lento de lo previsto por la Junta de Andalucía que aprobó la también llamada Ley del Suelo a finales de 2002 otorgando una moratoria de cinco años. De este modo, todas las administraciones locales estaban obligadas a contar con este documento antes del 20 de enero de 2007, pero el año acaba de terminar sin muchos avances. Es más, esta ley se solapó con la posterior entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), una norma que incluyó condiciones mucho más restrictivas para los planeamientos y que hizo que los consistorios ralentizaran el proceso, ya que los que estaban más avanzados se vieron obligados a empezar de nuevo con el costoso –tanto en dinero como en esfuerzo técnico– trámite de redactar un PGOU.
De este modo, los tres primeros municipios del área metropolitana en adaptarse a la LOUA fueron Tomares (con 4.500 viviendas más previstas), en 2005, Olivares (1.900) y Sevilla (con 63.000), en 2006. Todos ellos se libraron por poco de las restricciones del POTA, que limita el crecimiento residencial al 30% y la ocupación de nuevo suelo al 40% en ocho años.
Otros dos municipios de la conurbación que tenían la redacción de sus PGOU muy avanzada cuando entró en vigor la LOUA, Mairena del Aljarafe (aprobado definitivamente en 2003) y Gelves (en 2005) se acogieron a la llamada Disposición Transitoria Cuarta, por la que sólo estaban obligados a adaptarse a algunos artículos de la misma, básicamente a los referidos a la reserva de suelo para viviendas protegidas. De todas maneras, Gelves anunció esta semana la licitación de la redacción de un nuevo planeamiento.
Pero una vez aprobados definitivamente estos PGOU, la culminación de los mismos en el resto del área metropolitana se sucedió con cuentagotas. Otros dos municipios consiguieron que entrara en vigor su documento, con el plazo de la moratoria ya cumplido, esta vez sí tras los recortes impuestos por el POTA: La Rinconada y Villanueva del Ariscal, que vieron aprobadas definitivamente sus propuestas en la Comisión Provincial de Urbanismo del 20 de abril de 2007.
Esto esperan ahora los otros cuatro municipios de la aglomeración urbana que ya han pasado por los trámites que conlleva un PGOU (avance, aprobación inicial, exposición pública y aprobación provisional para luego esperar la aprobación definitiva por parte de Obras Públicas). Se trata, en primer lugar, de La Algaba, Aznalcázar y Castilleja del Campo, con informes de incidencia territorial negativos por, entre otras razones, incumplir las restricciones del POTA, si bien desde estos consistorios alegan que cuando éste entró en vigor tenían sus documentos casi terminados. Mientras, Los Palacios y Villafranca, tras recibir el mismo varapalo, volvió a aprobar provisionalmente su PGOU hace un par de meses, confiando en que esta vez sí pase por el filtro de Obras Públicas.
http://www.correoandalucia.com/noticia.asp?idnoticia=4424170097099096092424170
Reproches al diseño del Aljarafe
POR AMPARO BACA PÁEZ
SEVILLA
Tan sólo faltan dos días laborables para que concluya el plazo para la presentación de alegaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus). Aunque ya hay bastantes ayuntamientos y ciudadanos que resolvieron esta cuestión en el primer plazo establecido, han aprovechado la ampliación otorgada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes para perfilar algunos detalles, concluir los escritos y presentar las alegaciones.
El periodo de estudio de las mismas se prevé intenso, dado que son muchos los municipios y asociaciones ciudadanas que han alegado a un Potaus que ha decepcionado a la mayoría, si bien algunos se han visto más perjudicados que otros. A estas propuestas de cambio se han sumado tanto los Ayuntamientos que no han encontrado respuesta alguna ante sus peticiones de áreas de oportunidad, como los que se han visto agraciados con esta medida anexa al Potaus con la que se ha intentado paliar el descontento generalizado que se había producido con la limitación del crecimiento, si bien han sido los municipios cercanos a la política de la Junta los más beneficiados.
El gran problema del Aljarafe, las conexiones tanto con Sevilla como entre los propios municipios de la comarca, se refleja prácticamente en la totalidad de los documentos presentados, como también lo hace la usabilidad del suelo y su protección en una zona caracterizada por la riqueza de sus yacimientos.
Bollullos de la Mitación. Antonino Gallego, alcalde de la localidad, ha basado las alegaciones en las necesidades tanto de viviendas como de suelo productivo ante el crecimiento que está experimentando el municipio, sin olvidar el proyecto de la «ecociudad deportiva». Así, solicita un área de oportunidad «Centro Empresarial de Bollullos-Umbrete», en unos terrenos situados junto a Merkamueble gracias a los que se mejorarían los accesos a la A-49 y se lograría una salida de vehículos desde la zona de Espartinas sin tener que atravesar el caso urbano de Umbrete.
Por otra parte, también lleva a la Consejería la posibilidad de ampliar los terrenos del PIBO. Estas dos áreas de oportunidad tendrían una superficie de 138,2 hectáreas. En cuanto a las viviendas, solicita 103 hectáreas con un mínimo de 1.558 viviendas protegidas, que cubrirían la demanda de una población creciente debido a los puestos de trabajo que se generan en Bollullos.
Saliéndose del núcleo urbano, presentan el proyecto de «La Juliana» como un área de 157,57 hectáreas donde promover actividades turísticas de rango metropolitano, dada la ubicación geográfica de Bollullos entre el Parque Natural de Doñana y el litoral onubense.
Por último, se inserta el proyecto estrella de la localidad, la Ecociudad Deportiva para la que se estima un espacio de 1.726.465 metros cuadrados. En ella se situaría una ciudad moderna con autosuficiencia energética, villas de empresa, cubos de innovación y arquitectura y urbanismo bioclimático donde los espacios verdes, el agua, los corredores ambientales y el respeto a la fauna y la flora autóctona son las reglas principales.
Bormujos. El independiente Baldomero Gaviño, alcalde de la localidad, explica que el eje principal de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento es el de la vía metropolitana como elemento de estructuración tanto del municipio como del propio Aljarafe. «La comarca debería ser concebida de forma distinta a como lo hace el Potaus, que se ocupa de los municipios como si fueran unidades independientes, en contra del objetivo que se marcan de conseguir una ciudad compacta», manifiesta.
Para alcanzar este fin, Gaviño considera imprescindible la conexión Norte-Sur de la vía metropolitana, inexistente hasta el momento pero que aparece en el esquema del área metropolitana de 1996 de 2000.
Por otra parte, el alcalde de Bormujos ve incomprensible la pormenorización que se hace en cuestiones como la clasificación de suelos de cada municipio, considerando que «se contradice con la vocación de plan subregional con la que nace». Al mismo tiempo, aboga por un Plan del Aljarafe, porque asegura que las necesidades de esta comarca son muy distintas a las que pueden tener otros municipios del área metropolitana como Alcalá de Guadaíra o Dos Hermanas.
Camas. Precisamente en este municipio, el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Eduardo Cabeza (PP), alega la protección del suelo de Camas que se hace en su totalidad, ya sea público o privado, impidiendo su aprovechamiento como motor económico de crecimiento industrial y su uso urbanístico, incluso en viviendas sociales. «De no ser corregido, el Potaus dejaría a Camas estancada en lo que es hoy, y lo incomprensible es que se nos exige proteger unos suelos que, por su interés paisajístico y medioambiental, ya veníamos preservando en nuestros PGOUS desde hace años», explica Cabeza. En cuanto a transportes, se solicita la ampliación de la Línea 2 del Metro desde Torretriana para que haya una estación en el municipio y se contribuya, de este modo, a descongestionar el tráfico hacia la capital.
Castilleja de la Cuesta. El municipio que dirige la socialista Carmen Tovar ha presentado las siguientes peticiones: la consideración y aclaración de las áreas de afección de 200 metros de la A-49; la conformación del carril interno en la A-49 en el margen norte izquierdo en sentido hacia Huelva; la creación de la vía de circunvalación en el límite norte con Camas; la nueva red viaria con carril bici; en dirección hacia Castilleja de Guzmán; incluir el Parque de las Civilizaciones -actualmente en ejecución- dentro de la relación de Parques Metropolitanos; y la modificación de los apartados 8.1.5 de la memoria de ordenación del Potaus -referida a la ordenación de la oferta del suelo para actividades comerciales-, y los artículos 26.1 y 27.1 de la normativa del Potaus, en los que se establece una disposición, respectivamente, sobre la ordenación del uso terciario y se limita la construcción de grandes superficies comerciales en suelos con uso global residencial.
Espartinas. 23 alegaciones han sido las que finalmente ha presentado el municipio espartinero, a las que se suman la petición de cuatro áreas de oportunidad. En ellas se solicita la inclusión de 10 hectáreas en el Parque Empresarial y Tecnológico Pétalo -que estaban aprobadas en el PGOU-, 46 hectáreas en la zona de Tablantes para ubicar el Campus Metropolitano del Conocimiento, dedicadas a equipamientos educacionales, culturales, deportivos y sociales. También se solicitan 25 hectáreas destinadas al centro de Comercio Social presentado por Aprocom, y que se situaría en el futuro nudo de conexión de la A-49 y la SE-40. Y por último, el área de oportunidad «Ecobarrio», englobaría dos alegaciones anteriores, que son la Ciudad de los Jóvenes y el parque periurbano del Riopudio, con una superficie de 92 hectáreas. 43 serían para el Parque Metropolitano, seis para parque ambiental con función divulgativa, turística, formativa y de concienciación sobre la sostenibilidad, 41 hectáreaspara el «Ecobarrio» propiamente dicho, donde se situarían un 60-70% de viviendas protegidas para cubrir la demanda de los jóvenes. Otras dos hectáreas serían de terreno «ecoterciario». Se trata, según explican, de un proyecto de comunidad urbana sostenible pionero en España, con arquitectura bioclimática, autosuficiencia energética, fuentes de energía renovables, transporte colectivo y ecológico, equipamientos y ecobulevares.
Gines. Manuel Camino Payán, alcalde de Gines, hace tres peticiones muy concretas al Potaus. En primer lugar se trata de revisar un suelo catalogado como zona de interés agrario, que comprendería el área de La Estacada del barbero, El Granadillo y Tabladilla. En segundo lugar, se solicita la inclusión de la circunvalación en el viario intermunicipal, de forma que se desahogue el tráfico intenso que hay entre Espartinas y Valencina, términos colindantes. Y por último, se pide permiso para el desdoblamiento a cuatro carriles de la vía de la calle Colón al completo, de forma que también conecte con la circunvalación.
Pilas. Las alegaciones presentadas por el alcalde popular José Leocadio Ortega afectan a los suelos productivos y vacíos interiores. Por un lado se solicita la delimitación de un área de uso industrial intensivo apoyado en la carretera de Carrión de los Céspedes y la conexión a la A-49, buscando una ubicación alejada lo suficiente de las áreas residenciales, pero sin perder la conectividad con el colectivo urbano.
La otra zona industrial que se pide estaría en la parte sur del municipio, donde se pretende concentrar y agrupar a un gran número de instalaciones y empresas dedicadas a la manipulación de la aceituna, que tienen gran presencia en Pilas por su tradición aceitunera.
Y en cuanto a los vacíos interiores, se propone la definición de un área de interés metropolitano para potenciar la ubicación e implantación de viviendas protegidas, de forma que se absorba la demanda de suelo residencial en el caso de que se produzca una parálisis del sector inmobiliario privado. Se estima que su ubicación podría ser en el arco noreste del municipio,
Umbrete. A pesar de que esta localidad ha sido una de las grandes beneficiadas de las polémicas áreas de oportunidad, con dos de ellas, el Ayuntamiento regido por el socialista Joaquín Fernández Garro propone algunas matizaciones en dichas áreas, en lo referido tanto al suelo como a las comunicaciones. En primer lugar, se pide que sea el propio Ayuntamiento de Umbrete quien delimite los espacios agrarios de interés que se encarga de definir el Potaus, en una zona en la que se protege el olivar. Por otra parte, se piden soluciones intermunicipales para solucionar el problema de tráfico que genera la cercanía del PIBO al núcleo urbano de Umbrete. Entre las propuestas están el trébol de acceso a la A-49, desdoblar la carretera de acceso de la A-49 a Umbrete y realizar una circunvalación de la carretera de Umbrete-Bollullos hacia el ramal de Espartinas.
Y por último, se pide la revisión de las 1.000 viviendas a construir en el área de oportunidad de San Cristóbal, donde el Ayuntamiento tenía previsto levantar unas 2.300. Por ello, se solicita a la Junta la posibilidad de modificar la cifra, o en su defecto, de reducir el espacio en el que se plantea la ubicación de las 1.000 viviendas.
Valencina de la Concepción. Dadas las características especiales de este municipio marcado por su riqueza arqueológica y natural, entre las alegaciones se encuentra la petición de protección como espacio libre que ha de ser preservado de urbanización de la zona del escarpe del municipio, la cornisa al completo, los arroyos del Judío, Cañada Honda, el Sequillo y el de la Hacienda de Torrijos, las vías pecuarias que discurren por él como la Cañada de Medellín a Isla Mayor, el Cordel de los Carboneros, la Colada de los Injertos. También se incluiría en esta definición la Necrópolis Calcolítica y la zona designada como Parque Arqueológico, la Hacienda de Torrijos y su entorno, así como el Cerro Catalán.
Se solicita la declaración de Zona de Especial Protección de Aves a un área de equilibrio de poblaciones vegetales y animales que linda con los términos de Santiponce y Saltera, muy cerca de los campos de Gerena.
También han incluido en los documentos la posibilidad de trazado de un corredor verde que rodee perimetralmente el término municipal en la cornisa para que se comunique transversalmente con la red de caminos rurales.
http://sevilla.abc.es/20080112/sevilla-sevilla/reproches-diseno-aljarafe_200801120310.html
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